Juan Miguel Reyes (Movimiento al Socialismo)

El enfoque militarista al tema de las drogas es completamente equivocado y agudizará el problema de seguridad pública y nacional en lugar de resolverlo. Una de las más graves consecuencias de la militarización han sido las constantes transgresiones a los derechos humanos como las violaciones sexuales en Veracruz y Michoacán, y la masacre de una familia en Sinaloa. Por este motivo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y el mismo Congreso le han exigido a Felipe Calderón que regrese el ejército a los cuarteles como lo manda la Constitución. Sin embargo él se niega a cumplir argumentando que la presencia del ejército en las calles es necesaria para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

El gobernante afirma que los espectaculares decomisos de drogas y dinero en efectivo, así como la detención de importantes capos son la muestra de que su estrategia está dando resultados. Esto es totalmente falso. Lo primero que hay que aclarar es que tanto el decomiso de los 205 millones de dólares en efectivo en Lomas de Chapultepec, como la detención de Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico, y el decomiso de las 23.5 toneladas de cocaína en Manzanillo, no son el resultado de la estrategia militarista del gobierno, sino de la labor de espionaje de los agentes de la DEA (agencia estadounidense antidroga) que dieron el “pitazo” a las autoridades mexicanas, como lo ha informado cabal y puntualmente la propia embajada de Estados Unidos en México.

Pero lo más importante es que incluso esos supuestos logros no resuelven el problema, ni siquiera lo reducen. Pues, por cada capo que detienen, surge una nueva generación de contendientes cada vez más violentos y más infiltrados en las altas esferas del poder económico, político y policiaco-militar. Por cada cargamento decomisado, hay varios más que cruzan el territorio nacional atraídos por la creciente demanda. Por cada dólar decomisado, hay otros tantos que se lavan en los centros financieros al amparo del secreto bancario y del libre flujo de capitales. Por cada sembradío destruido, se habilitan nuevas hectáreas para el cultivo de marihuana debido la bancarrota de millones de campesinos ocasionada por el TLC y la falta de inversión pública. Y por cada pequeña banda de pistoleros o narcomenudistas que desarticulan, los carteles facilmente reclutan y forjan nuevos delincuentes de la inagotable reserva de marginación y desesperanza que ha dejado el actual sistema económico.

El negocio de las drogas es una industria global que involucra financiamiento, producción agrícola, elaboración químico-industrial, transporte terrestre, marítimo y aéreo, suministro de armas, distribución al menudeo, consumo y corrupción gubernamental. Sin embargo, en la estrategia militarista, lo único que se hace es enfrentar inútilmente a los soldados con las bandas de pistoleros que resguardan las rutas de transporte terrestre. Esto, lejos de regresar la seguridad a las familias mexicanas como dice la propaganda oficial, ha traído más inseguridad y violencia. Desde que Felipe Calderón declaró la “Guerra al Narcotráfico” los asesinatos y ejecuciones en México han aumentado 46 por ciento, según declaran las propias autoridades. Los constantes enfrentamientos convierten a las comunidades rurales y colonias urbanas en verdaderos campos de batalla, donde la población civil es la única que pierde.

Aunado a lo anterior está el incesante tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. De acuerdo con Cuauhtémoc Sandoval, de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, cada día ingresan unas 2 mil armas ilegales. Las armas provenientes de Estados Unidos representan el 60% de todas las armas ilegales en nuestro país, según admite el propio gobierno estadounidense, sin hacer nada para impedirlo. Cabe recordar que ese país es el mayor productor de armas en el mundo, con el 43% de la oferta total, y que su gobierno, naturalmente, es el principal promotor del libre comercio de las mismas. En el 2004, por ejemplo, George W. Bush legalizó sin restricción alguna la venta de armas de asalto como las AK-47 y las Uzi. Ahora, con la Iniciativa Mérida, Estados Unidos le dará al gobierno mexicano equipo militar por un valor 1,400 millones de dólares para que siga adelante en su nociva militarización.

La Iniciativa Mérida pretende aplicar en México el pernicioso modelo del Plan Colombia. Siguiendo a ese plan, el ejército colombiano, financiado con dinero estadounidense, ha llevado a la guerra a miles de jóvenes sin lograr nada, sino más muerte, violencia y dependencia hacia Estados Unidos. En una entrevista con la BBC, el especialista Ricardo Vargas, de la organización Iniciativa Andina, hizo el siguiente recuento sobre el Plan Colombia: “Después de siete años se observa que no ha habido una disminución de la oferta de drogas en Estados Unidos, que los precios –a los consumidores- se han mantenido con una tendencia a la baja, que la calidad de las drogas tiende a subir y que, en general, la disponibilidad de las drogas no ha resultado afectada”.

Estados Unidos, en cambio, no hace nada por combatir el tráfico y consumo de narcóticos dentro de su territorio. Jamás hemos visto que las autoridades de ese país detengan a los grandes capos que llevan los cargamentos de estupefacientes desde las fronteras hasta las ciudades más remotas de su territorio. Ni que detengan a quienes lavan el dinero en la bolsa, bancos y casinos. Ni mucho menos veremos al ejército de Estados Unidos combatiendo en las calles a los centenares de miles de narcomenudistas que hay en sus ciudades. Con la actual división internacional del trabajo, en “la guerra contra el narcotráfico” Estados Unidos pone la información, las armas y el dinero –en ambos bandos: narcos y militares- y México pone los muertos –también en ambos bandos.

Calderón no consultó con el Senado su arreglo con Bush, como lo ordena la constitución; ni lo consultó con todos los ciudadanos, como lo exigimos los trabajadores. Seguramente sabía que lo rechazaríamos, como rechazamos la injerencia del gobierno estadounidense en el estado mexicano y como rechazamos la discrecionalidad con la que una sola persona puede disponer del ejército a su antojo.

Si la estrategia militarista que ha seguido Calderón bajo la dirección de Bush, supuestamente para combatir el narcotráfico, es una estrategia contraproducente y brutal –y esto lo saben muy bien en Los Pinos y en Washington-, tenemos que preguntarnos: ¿a qué intereses económicos y políticos conviene que las fuerzas armadas ocupen comunidades, ciudades y caminos, y reciban financiamiento de Estados Unidos?