Por Violeta Hernández.

 En últimos días se presentó por parte de la SENER (Secretaría de Energía) y el director de la paraestatal el balance financiero de Petróleos Mexicanos, esto con el fin de introducir  la  Reforma Energética,  que Calderón presentó  este  martes al Senado de la república.

 Si bien el gobierno federal gastó más de 450 millones de pesos para promover y justificar la reforma a través de los medios de “desinformación mas-iva”, el bombardeo de spots  donde aparecen “artistas” que  cuentan el proceso de extracción del “oro negro” y  lo maravilloso que será sus beneficios, ha sido incapaz de ocultar los grandes intereses enfrentados:  el de la  soberanía sobre los recursos y el de los intereses imperialistas de las grandes transnacionales del petróleo.

 Desde 1938 cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo de empresas petroleras extranjeras, han habido innumerables ofensivas de estas empresas para apropiarse del mayor patrimonio económico que posee nuestro país.

La reforma energética representa el último  y más importante paso de un proceso de privatización que  se ha venido dando desde hace varios sexenios, cuando la inversión privada comenzó a apropiarse de los contratos de servicios múltiples de PEMEX. Sin ir más atrás, el claro ejemplo de esto es el contrato que otorgara Calderón en el 2003 mientras aún era el secretario de energía de Vicente Fox; a la compañía petrolera más grande de España; Repsol, para que “ejecutara las obras de desarrollo, infraestructura y mantenimiento de campos de gas no asociado en la cuenca de Burgos en el Bloque Reynosa-Monterrey”, en franca complicidad con su entonces coordinador de asesores Juan Camilo Mouriño, dicho contrato  beneficia no a PEMEX, sino a REPSOL, ya que mientras esta empresa privada se beneficiará a costa de la paraestatal en 15 años con aproximadamente 15 mil millones de dólares, México ahorrará según Elías Ayub director de la CFE,  1500 millones de dólares.

 Otro ejemplo de privatización ya realizada,  es el convenio que se tiene con la trasnacional estadounidense  Halliburton  (la misma que se ha aprovechado de la desgracia del pueblo iraquí) para explorar y perforar 58 pozos al sur del país con una licitación por 683 millones de dólares, a pesar de que la Constitución establece  en su artículo 27 que dichos convenios con transnacionales extranjeras están prohibidos.

 Por si fuera poco  se ha promovido por parte de la SENER una controversia ante al Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que la Auditoria Superior de la Federación no aplique auditorias a permisos en materia de gas, abriendo paso a que la llamada “Iniciativa privada”  (que debería nombrarsele como el “capital transnacional”) quede inmune ante los mecanismos de vigilancia.

Hoy en día el sector energético, principalmente en la extracción y venta del petróleo, representa poco más del 30% de los ingresos nacionales.  Y aunque nunca antes el precio del barril de petróleo había alcanzado  precios tan altos (hasta  de 100 dólares por barril como hasta hace unas semanas) el gobierno ha diagnosticado que la paraestatal esta cerca de quebrar, cuando ellos mismos  informaron que el excedente económico incluso podría alcanzar para cubrir una parte considerable de la deuda externa. Y es que los recursos generados por el petróleo han servido para mantener a una burocracia inepta y opulenta y no para resolver ni restaurar la gran empresa de este país, ni mucho menos para crear la infraestructura educativa, sanitaria y ambiental que requiere nuestro pueblo.

La Reforma ya está con los supuestos representantes del pueblo, quienes ya han aceptado la necesidad  de “rescatar” al sector, con el argumento de  que en México no se tiene personal capacitado  ni la tecnología para iniciar el proceso de extracción de petróleo en aguas profundas, y que el petróleo en aguas someras se está acabando.

Como si los mexicanos formados en nuestras universidades no fueran capaces de hacer lo que hacen en otros países han mostrad su nula intención de  invertir el presupuesto en proyectos que promuevan nuestra independencia económica y tecnológica de los grandes países imperialistas.

Por si esto fuera poco, el Secretario de Hacienda, el globalifílico Casterns lanzo la amenaza al pueblo de que si no hay reforma energética se subirán los impuestos o recortaran el gasto público,  mostrando una vez más el autoritarismo y la intimidación propios de un régimen fascista.

El gobierno de Felipe Calderón, fiel a su mandato neoliberal,  ha iniciado lo que será uno de los más grandes golpes a la constitución y a la soberanía de nuestro país. Debemos recordar que toda Reforma significa un cambio en nuestra constitución, y en el caso de las reformas neoliberales un cambio que permita la libre injerencia de los capitalistas en las empresas estatales como PEMEX. Así pues, de pasarse esta reforma se legalizará a  PEMEX  como el  mayor negocio para la inversión privada y de esta manera se le arrebatará al pueblo mexicano la capacidad legal y política para controlar su principal motor económico. Si privatizar Telmex sólo produjo al hombre más rico del mundo,  la privatización de la industria petrolera se convertirá en la fábrica de multimillonarios   que ostentarán su riqueza sobre nuestras narices empobrecidas y saqueadas. El daño tendrá efectos sobre generaciones enteras quienes tendrán que después luchar por la recuperación de los derechos que, pese a su incumplimiento, aún permanecen en nuestra constitución.

Es responsabilidad de todos y cada uno  de los mexicanos que estemos atentos y  que busquemos alternativas de información, para poder tomar medidas contundentes. Sólo organizándonos podremos impedir que este acto se realice,  sólo luchando activa y disciplinadamente podremos mostrar que  México no es más un pueblo dormido y que no permitirá que vendan la empresa más importante de nuestra nación.

¡POR UN PUEBLO QUE DESPIERTA, SE ORGANIZA Y LUCHA!