Carlos Montemayor

A partir del documento que hizo público el 14 de agosto, la Comisión de Mediación entendió que había llegado a un punto que tanto podría ser sin retorno como de un avance cualitativo. Entendió también que necesitaban tiempo el gobierno federal y el PDPR-EPR para decidir lo que debía proceder en el futuro inmediato. El pasado 25 de agosto la organización popular armada confirmó en un amplio comunicado su disposición a que el proceso de mediación continúe. Resta ahora conocer si el gobierno federal mostrará una real voluntad política que se refleje en el diálogo de la Comisión de Mediación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Con base en los 39 puntos de Acciones Oficiales y Evaluaciones Diversas, enlistados en el mencionado documento del 14 de agosto, explicaré en esta entrega la confusión que algunos sectores políticos, militares o policiales del gobierno federal pueden tener sobre la Comisión de Mediación debido a los múltiples intentos gubernamentales por establecer canales de comunicación con el EPR; en una segunda entrega me referiré a ciertas acciones militares y policiales que podrían arrojar indicios sobre la condición de los dos eperristas desaparecidos.

En los últimos meses de 2007, el general Tomás Ángeles Dahuajare, a la sazón subsecretario de Sedena, trató de establecer contacto directo con el EPR y para ello requirió de un colaborador de confianza, Alejandro Punaro, que en el pasado lo había apoyado en Guerrero. Alejandro Punaro laboró durante 29 años en la PGR, y en la Agencia Federal de Investigación (AFI) llegó a ser subdirector de Terrorismo, lavado de dinero y acopio de armas; se jubiló en 2005 y por su amistad con el general aceptó ayudarle en su propósito de establecer canales formales o informales con el EPR; por conducto de los directivos de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) estableció contactos con familiares como Nadín Reyes Maldonado, doña Margarita Cruz Sánchez y Francisco Cruz Sánchez; en algunas reuniones, como las sostenidas con la esposa y el hijo de Edmundo Reyes Amaya, se agregaron elementos de la Secretaría de Gobernación.

Ocho días después de que ambos se habían entrevistado con integrantes de la organización política Izquierda Democrática Popular (IDP), Hermenegildo Torres Cruz fue detenido por elementos de la PGR, lo cual comunicó Alejandro Punaro al general por considerar sumamente delicado que una de las personas a las que se habían acercado para buscar comunicación con el EPR pudiera ser arrestada. El general intervino en diversas instancias para que el día 15 de septiembre Hermenegildo fuera liberado.

Durante esos intentos de acercamiento hubo una coincidencia relevante: el cese del hostigamiento a los hermanos Alejandro y Francisco Cerezo Contreras. El 24 de abril de 2008, a las cinco de la tarde, recibieron los hermanos por correo electrónico las últimas amenazas y una entrevista espuria con Gabriel Cruz Sánchez. A esa entrevista se agregó otra con José Antonio Ortega acerca del presunto financiamiento del EPR y de un acuerdo secreto entre el gobierno y la organización popular armada para pactar una tregua; el diario Milenio publicó la entrevista y semanas después retomó el asunto el periodista Raymundo Riva Palacio en El Universal. Ese mismo día el EPR emitió el comunicado mediante el cual desmintió el supuesto acuerdo secreto y propuso la integración de la Comisión de Mediación.

En la mañana del día siguiente, cuando Gilberto López y Rivas, Miguel Ángel Granados Chapa, don Samuel Ruiz y yo hicimos pública nuestra aceptación y pedimos como condición al EPR el compromiso de una tregua durante el tiempo que durara la mediación, en la ciudad de Oaxaca elementos del Ejército Mexicano al mando del general Oropeza Garnica tomaron el edificio de la Procuraduría de Justicia del estado sin mandato judicial ni orden legal alguna y se apoderaron de los libros de gobierno.

Al día siguiente, el 26 de abril, la Policía Militar y la Policía Federal Preventiva arrestaron a nueve elementos de la policía ministerial de Oaxaca presuntamente vinculados con la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Dos de esos nueve elementos fueron finalmente arraigados por la PGR como presuntos culpables de secuestro, crimen organizado y, destacadamente, desaparición forzada en perjuicio de los dos eperristas. Se trató de Pedro Hernández Hernández, subdirector operativo de la policía ministerial de Oaxaca, y de Ángel Reyes Cruz, agente de la misma corporación. Ambos fueron liberados al agotarse el plazo de su arraigo.

Esta acusación por desaparición forzada de persona fue relevante, porque los representantes gubernamentales se habían negado a la propuesta de la Comisión de Mediación de reclasificar la averiguación previa de la PGR por desaparición forzada en vez de por secuestro. El abogado defensor de los policías arraigados, Gerardo Francisco López Thomas, informó a la Comisión de Mediación que estaban acusados, por declaraciones de un testigo protegido a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de desaparición forzada de persona, además de los delitos de secuestro y crimen organizado. Así lo confirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la reunión que sostuvo con la Comisión de Mediación la noche del lunes 7 de julio y así lo confirmó la nota del señor Guillermo Valdez, director del Cisen, dirigida a Raymundo Riva Palacio en el diario El Universal. Finalmente, Gobernación lo reconoció en un breve comunicado el pasado 14 de agosto.

Ahora bien, la relevancia de presionar y buscar contactos a través de los hermanos Cerezo Contreras deriva de una presunción esencial: creer que son hijos de Tiburcio Cruz Sánchez, reputado como dirigente principal del EPR. A partir de esta presunción se originaron diversas estrategias del Ejército y del Cisen, partiendo siempre de considerarlos canales de comunicación naturales con el EPR y, por tanto, de negociación con esa organización.

Las amenazas de muerte a los hermanos Cerezo Contreras constituyeron, a juicio de algunos sectores del Ejército y de corporaciones policiacas, un mecanismo de presión al EPR. Pudo pensarse en algunos sectores militares y policiacos que las amenazas serían útiles como disuasión para frenar un tercer atentado, aunque en realidad no funcionaron así para frenar el segundo de ellos.

Otra señal que varios sectores del gobierno creyeron estar enviando al EPR fueron los traslados carcelarios de Héctor Cerezo en diciembre de 2007 y de Antonio Cerezo en marzo de 2008, desde el penal del Altiplano La Palma o Cefereso número 1, en el estado de México, al penal Atlacholoaya, en Morelos.

Es razonable creer que en este contexto pudieron surgir las versiones de la entrevista espuria con Gabriel Cruz Sánchez y de la supuesta negociación secreta entre el gobierno y el EPR. Es también razonable creer que algunos sectores del gobierno federal hayan pensado que la “respuesta” del EPR fue la Comisión de Mediación. Por ende, que la tregua del EPR no deriva de una propuesta de la comisión misma; por tanto, que no está comprometido el gobierno a una aportación equivalente en importancia política a la tregua eperrista.

De esta manera, es razonable creer que el gobierno federal no ha considerado necesario avanzar ante la Comisión de Mediación con clara voluntad política para despejar el proceso de diálogo.

Parte II

En la entrega anterior expliqué la confusión que algunos sectores políticos, militares o policiales del gobierno federal pueden tener sobre la Comisión de Mediación, debido a los múltiples intentos gubernamentales por establecer canales de comunicación con el Ejército Popular Revolucionario (EPR). Aquí sólo me referiré a ciertas acciones militares y policiales que podrían arrojar indicios sobre el estado de los dos eperristas desaparecidos.

Ante la negativa de los representantes gubernamentales a considerar los documentos entregados el día 13 de junio como planteamientos que el gobierno federal debía contestar y aclarar, y ante la certidumbre de que el gobierno mexicano contaba con información que no ponía en conocimiento de la mesa, la Comisión de Mediación intensificó sus propias tareas de consulta con organizaciones, instituciones y familiares de los eperristas desaparecidos. El 7 de julio pasado se reunió con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y recibió una información muy útil y amplia sobre las numerosas acciones que ésta ha emprendido en torno a la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

El 16 de julio un grupo de trabajo de la Comisión de Mediación viajó a Oaxaca para realizar diversas entrevistas con los familiares de los desaparecidos, organizaciones sociales y civiles, servidores públicos de la Procuraduría de Justicia del estado y figuras individuales que años antes habían sido detenidas y desaparecidas, y por cuyo testimonio la Comisión de Mediación pudo entender una parte del modus operandi con que las autoridades policiales y militares se conducen durante los interrogatorios y torturas a las víctimas de desaparición forzada.

En este contexto adquirió sentido un peculiar operativo del Ejército Mexicano efectuado en Ciudad Nezahualcóyotl, estado de México, la madrugada del 2 de agosto de 2007.

El periódico La Jornada informó el día 3 que “en busca de presuntos integrantes del EPR, más de 150 elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) del Ejército Mexicano catearon cuatro casas y un edificio de 10 departamentos en la colonia El Sol… El operativo se inició alrededor de las 6:30 horas y concluyó poco más de una hora después… Los militares portaban pasamontañas y cubrieron los números de serie de los camiones y camionetas oficiales de traslado de personal…” Familiares y analistas cercanos a la Comisión de Mediación consideraron este operativo como una señal de vida de Edmundo Reyes Amaya, dado el modus operandi con que las autoridades proceden con personas que mantienen desaparecidas: elaboran una especie de “mapeo” de viviendas, lugares o personas vinculadas con los desaparecidos, que luego proceden a confirmar y recorrer.

Otra señal de vida ocurrió en agosto de 2007, cuando dos militares acudieron a las oficinas de la organización social Izquierda Democrática Popular (IDP) y ahí le informaron a Pablo Torres Hernández que los dos eperristas desaparecidos se encontraban vivos y recluidos en el Campo Militar número 1, en separos presuntamente adjuntos a la Puerta 1. Con ese motivo hubo varias diligencias en ese campo militar, dos de la CNDH y una ordenada por el juez sexto de distrito de amparo en materia penal; todas arrojaron datos negativos, pero la filtración misma abundó en la relevancia del papel del Ejército en este proceso de pesquisas y acciones del gobierno federal y en la sugerencia de que ambos eperristas se encuentran con vida.

Las versiones de la entrevista espuria con Gabriel Cruz Sánchez y de la supuesta negociación secreta entre el gobierno y el EPR constituye otro dato relevante como señal de vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez. El documento, abiertamente hostil a los hermanos Cerezo Contreras y a Tiburcio Cruz Sánchez, parte de dos supuestos básicos: primero, que lo tienen en su poder autoridades militares o agentes policiales federales; segundo, que está con vida.

Hay otra información quizás intencionalmente contradictoria. Durante la semana del 30 de junio al 4 de julio de este año, en la televisora del Canal 13 de Oaxaca la reportera Silvia Machuca presentó un reportaje sobre el EPR. En la última emisión dio a conocer una grabación anónima en la que se afirmaba que el EPR contaba con un campo de entrenamiento en la región Loxicha y que ahí la policía capturó a los dos eperristas y los llevó a la comandancia de la policía ministerial del estado en la ciudad de Oaxaca para internarlos en los separos. La voz anónima afirma que arribaron ahí a las 00:00 horas del 25 de mayo, cuando estaba de guardia el comandante Jonás Efigenio Gutiérrez Corro, llamado usualmente comandante Corro, quien no los quiso recibir por verlos muy golpeados. La grabación concluyó que de la comandancia conocida como “los Pinos” fueron sacados y entregados a los militares y que están muertos y sepultados en Oaxaca.

Por los comunicados del EPR se sabe que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos en la ciudad de Oaxaca, no en la región Loxicha. Esa parte de la información es intencionalmente errónea. Pero lo relevante es que una semana después de esa emisión televisiva, el 11 de julio de 2008, según informó el corresponsal Octavio Vélez Ascencio en La Jornada, efectivos de la Unidad Especializada de Investigaciones de Terrorismo de la SIEDO, perteneciente a la PGR, registraron precisamente ese cuartel general de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), denominado “los Pinos”, en la jurisdicción de Santa María Coyotepec, y las instalaciones del grupo Fuerzas Especiales de Alto Rendimiento, en la municipalidad de San Agustín de las Juntas, en busca de los dos eperristas, sin encontrar indicios de ellos. El procurador general de Justicia del estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, confirmó las acciones y afirmó desconocer qué fin tuvo el cateo.

Como destacó la Comisión de Mediación en el punto 32 de las Acciones oficiales y evaluaciones diversas, del mencionado documento del 14 de agosto, sería útil saber si este operativo de la PGR se derivó de la grabación anónima presentada por la conductora de televisión Silvia Machuca en la ciudad de Oaxaca, o si la información llegó a la PGR por otra vía y después fue filtrada. En cualquiera de las dos posibilidades, conceder a esa información la credibilidad suficiente como para motivar tal operativo se convierte en una señal de vida que convendría explicar suficientemente.

Pues bien, hasta este momento, ha habido una apertura y colaboración franca de organizaciones civiles como la LIMEDDH, la organización social IDP, la CNDH, y a título personal, analistas políticos, familiares de los desaparecidos y elementos militares o policiales. De manera oficial, el gobierno federal no ha expresado ninguna voluntad política de aclarar los puntos concretos planteados en documentos anteriores. Ahora se espera respuesta al reciente documento que la Comisión de Mediación hizo público el 14 de agosto.