Alberto Híjar.

Más temprano que tarde regresará Lucía Andrea Morett a México. Necesita tratamiento médico, psicológico en especial, para reponerse del ataque sufrido por el ejército colombiano apoyado por el gobierno yanqui. Desde la base de Manta, fueron disparadas once bombas de 500 libras cada una con sensores térmicos para buscar carne humana. Entraron los soldados a rematar por la espalda a los sobrevivientes y a preparar el escenario para encubrir el crimen con el cuento del antiterrorismo que tantas víctimas produce en el mundo. Lucía es una testigo fundamental junto con las dos sobrevivientes colombianas protegidas por el asilo humanitario del gobierno de Nicaragua.

A la par de la crisis profunda de Colombia en manos de un parlamento con más de la mitad entregada al narcotráfico y a las organizaciones paramilitares, con los ministros Santos y el presidente Uribe involucrados en este crimen organizado, ha empezado el tiempo electoral con la posible reelección de Uribe para un tercer período. Esto ha puesto a trabajar a los servicios de inteligencia comandados por agencias yanquis y por la ultraderecha demócrata cristiana con base en México donde trabajan Manuel Espino, expresidente del PAN y ahora de la OCDA, Vicente Fox es vicepresidente, buen colega de Aznar representante en España. Mejor Sociedad, Mejor Gobierno y Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública han presentado dos denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República para solicitar la penalización por terrorismo, terrorismo internacional, apología del delito y lo que se acumule contra los masacrados en Sucumbíos, los sobrevivientes, los firmantes de la convocatoria al Encuentro Bolivariano y a quienes sostuvieron pláticas con las FARC antes de su expulsión de México en 2002. Entre estos inculpados para quienes se pide la intervención de sus medios de comunicación y sus cuentas bancarias, están Rosario Ibarra y entes tan insospechables de solidaridad revolucionaria como el voluminoso priísta Gustavo Carvajal. Las denuncias de hechos, pese a estar fundamentadas en títulos amarillistas de la peor prensa, en declaraciones tan ilegales como la obtenida en Ecuador el mismo día de la masacre mientras Lucía era dolorosamente curada y de la secuestrada e improbable computadora del Comandante Raúl Reyes, se mantienen como una amenaza de presentación o aprehensión para cualquiera de los mencionados, entre ellos, todos los jóvenes participantes en el Encuentro Bolivariano en Quito.

De aquí la reunión convocada por la Cátedra Bolivariana de la UNAM para dar a conocer el Manifiesto contra la criminalización de la solidaridad, la conciencia social y el pensamiento crítico, suscrito por numerosas organizaciones de México y otras partes y por distinguidos solidarios con la defensa de la humanidad. El diputado José Jacques Medina informó del inminente punto de acuerdo de la Cámara de Diputados para pedir a la Secretaría de Relaciones Exteriores la intervención de la Procuraduría General que garantice el regreso de Lucía y sus compañeras y compañeros sin temor. El abogado Enrique González Ruiz explicó la necesidad de no ejercicio de la acción penal solicitada por las denuncias de hechos y en cambio, la pertinencia de proceder contra Álvaro Uribe y sus cómplices por el violento ataque armado al campamento en Sucumbíos, violando la soberanía territorial de Ecuador con la inmediata apología del crimen cometido. En el Senado de la República, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Ibarra ha propuesto con la senadora Yeidckol Polenvsky el acuerdo para exigir el no ejercicio de la acción penal contra los falsamente indiciados como delincuentes.

Los medios no informan, pero los próximos días habrá una intensa actividad. El 28 de agosto de 1978 inició la huelga de hambre por los desaparecidos y presos políticos frente a la Catedral Metropolitana. Se recordará la actualidad de esto. El mismo día y el siguiente será conmemorado el Día Internacional del Detenido Desaparecido Político en un encuentro de organizaciones en Xochimilco. Por la perseguida América del Valle, por las sentencias nuevas de 46 años a los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco para sumar 113 años de reclusión, por los 13 años de cárcel para los presos en Texcoco de esta misma organización, comunicado todo el mismo día del Acuerdo Nacional por la Seguridad para que entendamos por donde se orienta la represión de Estado, habrá una marcha y otra será en defensa de la energía, la soberanía y contra la carestía, el día destinado al informe presidencial que sesgadamente aludirá la terrible situación en la que ha sumido al país identificado por la CEPAL como el de crecimiento más bajo en toda América Latina. Carlos Fazio ocupó la Cátedra Bolivariana para explicar las redes de corrupción periodística manejadas por la inteligencia yanqui en acuerdo con los aparatos de seguridad sometidos al Plan Colombia y a su extensión con la Iniciativa Mérida. Vino a enterarse y a ordenar el primer responsable de la inteligencia yanqui, el vicealmirante Michael McConell, discretamente recibido en la Secretaria de Gobernación para mantener el clandestinaje exigido por las asociaciones perversas. El gabinete de seguridad en pleno le rindió pleitesía y celebró el anuncio de la llegada de la primera remesa de la Iniciativa Mérida.

El padre de Lucía Andrea Morett informó la solidaridad de STUNAM, de la Unión Nacional de Trabajadores y agradeció a las autoridades de la UNAM, a las presidencias de Ecuador y Nicaragua. El 1º de septiembre cumplirá seis meses la masacre de Sucumbíos. La madre de Juan González, uno de los jóvenes asesinados, llamó al plantón frente a la Embajada de Colombia en México. Un gobierno timorato promociona por radio, prensa y televisión su fallida lucha por la seguridad nacional en una campaña que por estos días se acercará a los cinco mil asesinados en lo que va de diciembre de 2006 para ganar en promoción del crimen y la desgracia a la invasión yanqui de Irak quien está lejos de alcanzar esta cifra a pesar de haberse iniciado en marzo de 2003.