Patricio Cortés

* El economista Raúl Molina Salazar, el farmacólogo Federico Rivas Vilchis, el diputado Efraín Morales Sánchez, el investigador Fermín Aguirre García, el empresario Ignacio Romo Calderón y el senador Ernesto Saro Boardman explican los vericuetos legales y prácticos que emplean las multinacionales con la anuencia de las autoridades.

El acceso a la salud es un derecho humano fundamental. Sin embargo, en la práctica está muy lejos de ser cumplido y los altos costos de los medicamentos lo hacen cada vez más lejano. Mientras los indolentes laboratorios se enriquecen sin freno alguno.

Últimamente el problema de los altos costos de los medicamentos ha sido motivo de discusión centrándose casi exclusivamente en el sida, cuando hay muchas otras enfermedades cuyos costos de tratamiento pueden incluso superarlos.

Para muestra un botón: un enfermo de insuficiencia renal crónica, que afecta a su vez la presión arterial, tendría que comprar mensualmente: tres cajas de Ketosteril de mil pesos cada una; tres cajas de Minipres, de 80 pesos cada una; tres cajas de Laxis a 60 pesos cada una; dos de Bioyectin, de 2 mil pesos cada una; dos cajas de Exforge a 350 pesos cada una; una de Omeprasol a 100 pesos. Todo con un total de 8 mil 220, buscando genéricos intercambiables (de las patentes liberadas) podría ahorrarse a lo sumo 600 pesos. Resulta evidente que muy pocos pueden afrontar algo así y aproximadamente la mitad de la población no tiene acceso a la seguridad social.

El economista Raúl Molina Salazar, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) plantel Iztapalapa, nos dice: “Diferentes investigadores estiman que la mitad de la población está en situación de pobreza y esos mismos no tienen acceso a la seguridad social. Hay una serie de programas complementarios pero que no dan abasto. El problema de los medicamentos es ¿cómo vamos a poder acceder a terapias si no tenemos seguridad social?

“El 85% de la población accede al medicamento dependiendo del dinero que tenga en el bolsillo (hay quienes aunque tienen seguridad social, compran sus medicamentos). Ante esta gran problemática el seguro popular es una alternativa limitada porque las enfermedades que cubre no son todas”, acota.

No obstante los precios siguen al alza: “El precio sube cuatro, cinco puntos porcentuales arriba del índice de precios al consumidor y en el tiempo se va abriendo la brecha porque crece más el precio de los medicamentos y de las terapias. Ahora hay cierto rubro del mercado, el de los similares, donde crece su volumen de ventas, pero no su valor. Entonces tenemos un mercado diferenciado, uno que crece muy rápido y que es el que controla el mercado con base a las grandes empresas transnacionales y el otro de laboratorios nacionales que ofrecen tanto al sector público como a un segmento de la población precios con productos diferenciales”.

Puntualiza: “Los márgenes de intermediación están más o menos regulados, eso agrava, pero el problema fuerte es a qué precio está vendiendo el intermediario, un 20 o 22 por ciento al mayorista y otro tanto a minorista. Entonces estamos hablando de que cada medicamento que sale al mercado ya lleva 40% más. En la compra de mayoreo del sector salud no debería de existir el intermediario”.

Por su parte, el especialista en farmacología de la UAM Iztapalapa, Federico Rivas Vilchis, explica: “Las ganancias de los laboratorios son unidades por precio. Entonces con la reducción de la capacidad adquisitiva de la población mexicana las compañías farmacéuticas cada vez venden menos unidades, pero aumentando el precio, entonces la tasa de ganancia se conserva, la está manteniendo con ganancias el sector de la población con capacidad adquisitiva”.

Expone el médico: “La opción más barata son medicamentos genéricos comprados en el mercado internacional. Por ejemplo, una caja de Clorfenamina de ocho miligramos con 30 tabletas en el mercado internacional puede costar 2.50 pesos, un genérico nacional puede costas 10 pesos y las marcas estarían por arriba de 60 pesos”.

Surge la duda sobre si eso no acabaría con la industria farmacéutica nacional y el especialista responde: “Es que no hay industria farmacéutica nacional, posiblemente sea menos del 20% del total”.

En muchas ocasiones diferentes marcas del mismo medicamento son fabricadas en el mismo lugar y de acuerdo al Senado 250 marcas de oftálmicos son hechas en sólo cinco laboratorios que son los que tienen las instalaciones adecuadas. Rivas Vilchis explica: “Hace algunos años el laboratorio Roche le maquilaba el Bactrim al sector salud en el DF y éste lo daba a tres o cuatro pesos en sus centros de salud, y el mismo producto se vendía en farmacias y costaba 80 o 90 pesos.”

Pero a veces ni los mismos médicos del sector salud confían en dichos medicamentos.

—Es un problema de información. Yo he escuchado opiniones de colegas, incluso del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), de que ellos no prescriben los medicamentos porque piensan que son de menos calidad. Yo creo que el médico no tiene información fidedigna sobre los medicamentos. Un médico no sabe de donde procede y se sabe que muchas veces proceden del mismo laboratorio trasnacional.

Por su parte, el diputado federal Efraín Morales Sánchez, secretario de la Comisión de Salud, opina: “No se tiene una política integral. Un medicamento en México nos cuesta cinco o seis veces más caros que en cualquier otro país de Latinoamérica. Además, aprovechando la Conferencia Mundial sobre el Sida modificaron el Reglamento de la Ley de Insumos para la Salud en el Senado, para quitar el requisito de planta (permitir libre maquila de medicinas). Según ellos bajo el argumento de que con esto se abre el mercado como un mecanismo de control de precios. Esto es totalmente falso, porque en un principio Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) no tiene la capacidad para controlar la introducción de medicamentos eficaces, de calidad, seguros, nos están exponiendo a los mexicanos”.

Fermín Aguirre García, profesor investigador del Departamento de Biotecnología, dedicado al análisis de medicamentos en la UAM Iztapalapa, refiere: “Todos los laboratorios que hay aquí, en México, ya sean nacionales o trasnacionales tienen su propio control de calidad, hay un acuerdo de ética y además los supervisa y los controla, en la medida de su posibilidad, la Secretaria de Salud”

Explica que aquellos que aún no llevan las siglas GI (genérico intercambiable) aún no han demostrado tener la misma calidad, pero los que llevan dicho sello sí, a través de un estudio de bioequivalencia que lleva de dos a tres meses y demuestra que el fármaco tiene la misma efectividad.

El semanario Zeta publicó recientemente una declaración del presidente de Farmacias y Boticas de Tijuana, Ignacio Romo Calderón, donde afirma: “Desde hace dos años hemos sufrido incrementos que van desde un 200 hasta en un 300 por ciento. Las autoridades deben ser más cautelosas, porque los aumentos no van de acuerdo al salario mínimo, a la inflación ni a las divisas”.

Los medicamentos más caros son los que llevan las marcas de las grandes trasnacionales y muchos sólo pueden ser fabricados por dichas empresas por la propiedad industrial. El senador Ernesto Saro Boardman, en tribuna informó que el IMSS compra 22 mil millones de pesos en medicamentos, de los cuales se ocupan 5 mil millones para el 92% del volumen que son genéricos intercambiables; y con 17 mil millones se compra el 8% del volumen que son patentados.

Al respecto Raúl Molina expone: “El cuadro básico ha introducido en los últimos años muchos medicamentos muy caros y se debería revaluar su costo y efectividad. Se tiene que examinar en el mundo de la transparencia los costos”.

Añade: “Hay que hacer un nuevo replanteamiento sobre que se va a hacer frente esas terapias nuevas. Lo que se ha discutido ahora que tenemos el evento especial del sida es que por ejemplo Kaletra que ofrece Abott cuesta cuatro veces más barato en Brasil que en México. El gobierno brasileño dijo: ‘Yo no tengo capacidad de comprar ese producto a ese precio o me lo licencias o me lo das más barato’”.

Felipe Calderón habló de negociar una reducción en los precios de los medicamentos contra el sida; sin embargo, el diputado y médico Efraín Morales disiente: “Es pura vacilada, no es ninguna política de salud pública seria. Eso únicamente atiende a un asunto coyuntural donde además sólo hay un acuerdo verbal con algunos laboratorios para que les hicieran un descuento que iba del 21 al 40% y sólo se refiere a los antirretrovirales. Si usted va a cualquier cadena farmacéutica ya tienen el descuento”.

Precisa: “De 20 antirretrovirales que aparecen en el Diccionario de especialidades farmacéuticas, sólo va a encontrar dos o tres. Esto quiere decir que de fondo está el control que ejercen las grandes empresas trasnacionales que producen estos medicamentos, no solamente de los precios sino de la propia producción y ahí también tenemos que incluir al sector público, porque también a este lo certifican. Esto de ofrecer el tratamiento gratuito a los enfermos de sida no es nada serio porque ni siquiera las instituciones los tienen. Los retrovirales van casi siempre combinados y un tratamiento mensual para este tipo de enfermedad cuesta alrededor 10 o 12 mil pesos”.

Si usted acude a un médico particular verá, casi siempre, entre los concurrentes un representante médico que es del que reciben la mayor parte de la información farmacéutica. El diccionario más usado, no es otra cosa que un catálogo de medicamentos proporcionado por la industria privada.

El diputado lamenta la desinformación de los médicos: “Es preocupante, ellos son los que deciden que es lo que vamos a tomarnos como pacientes y aquí juega mucho la mercadotecnia. Están de por medio las cuotas para los representantes médicos. Es un asunto de conocimientos, no hay Cofepris”.

Raúl Molina comenta: “Tú y yo no compramos. Él que compra es el médico y eso hace un mercado raro. Yo no tengo la capacidad para comprar un medicamento y el médico a través de todo ese proceso de mercadotecnia es muy influido. Entonces él es el que toma la decisión de ese producto que tiene un precio muy elevado porque generalmente el médico no conoce el costo de las terapias o no se le informó adecuadamente. Es un mercado muy atractivo que yo calculo en México en 15 mil millones de dólares.

El doctor Federico Rivas afirma: “Todos los médicos del mundo están sujetos a la influencia de la industria farmacéutica, llámese un médico cubano, uno del área de Boston o un egresado de una escuela mexicana. Yo me topé en Cuba con médicos que hablaban mal de su propio régimen por no tener acceso a medicamentos que no son necesarios. La información de revistas médicas genera expectativas impropias en los médicos. La carencia de información sobre medicamentos es un problema mundial”.

Complementa: “En unos estudios en el área de la costa este norteamericana, donde se supone están las mejores escuelas de medicina, se hicieron encuestas acerca de información con médicos norteamericanos e ignoraban propiedades esenciales de los medicamentos. Entonces la enseñanza de la farmacología en lo general es dominada por la industria farmacéutica. El impacto de la escolaridad médica es casi nulo en los hábitos de prescripción de los médicos”.

Propone que la Secretaría de Salud proporcione mayor información a los profesionales de la salud sobre los medicamentos y sus efectos y a su vez exista monitoreo de las prescripciones de los mismos.

El sistema de patentes encarece la salud. Efraín Morales asegura que es una mentira que las trasnacionales necesiten 20 años para recuperar su inversión en investigación.

En el mismo rubro Rivas Vilchis refiere: “Desde el 83 por presiones del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade o Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles) se empezaron a homogenizar los tiempos de patente. Entonces países que no tienen nada que patentar porque su desarrollo de innovación es casi cero, como sería el caso de México, se adhieren al sistema. Es una aberración. Si un país en desarrollo se adhiere a un sistema de patentes, en realidad es para proteger intereses de otro país”.

Detalla y refuta: “El argumento de los fabricantes trasnacionales es que ocupan una gran cantidad de dinero en la investigación y que tienen que recuperar esa inversión cobrando muy caro por los nuevos medicamentos. La industria farmacéutica gasta casi lo mismo en publicidad que en investigación. En investigación gasta 20% de sus ganancias y en publicidad entre el 15 y el 20%. Los medicamentos de trasnacionales no cuestan por la sustancia que tienen, sino por la publicidad”.

Propone “una negociación fuerte del gobierno ante la industria farmacéutica sin llegar al extremo de expropiar, para compartir la ganancia. Es una situación más realista a expropiar las marcas”.

Raúl Molina comenta que “la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio ya aceptaron que la salud es un derecho humano, y que es la cláusula que invocó Brasil: ‘Yo tengo pacientes, si no los atiendo su salud se deteriora’ y le piden la licencia obligatoria. Ésa es una forma de exploración aceptada por los órganos internacionales”.

Explica el economista: “Licencia es si no me ofreces el producto con condiciones para que mi población enferma tenga acceso a la terapia, entonces me das el derecho y yo lo produzco. En Brasil lo producen en sus laboratorios universitarios a un costo muy bajo. En México jamás quiso ser tocado este principio, ni en el sexenio pasado ni en los anteriores y ahora hay un pronunciamiento inicial que se va a revisar”.

Para el diputado perredista Efraín Morales “Somos rehenes y no lo quieren enfrentar. ¿Cuál es el temor? Todos los países de Europa tienen una regulación de precios. En España y Austria los precios se determinan a partir de los costos de producción ¿Por qué no nos fijamos en cuánto les cuesta producir y su investigación? En Italia y Holanda los precios se fijan de acuerdo a los precios promedio de otros países europeos, en Francia a partir de su efectividad. ¿Por qué no ocupar uno de estos sistemas o combinarlos?

También plantea “Que caminemos juntos hacia un sistema de salud único, porque cuando hablamos de modalidades damos pie a que existan sistemas de excepción. ¿Qué garantía hay de que la atención medica sea real? En seguro popular destinamos más de 40 mil millones de pesos; 55 mil millones a la Secretaria de Salud, en el IMSS más de 200 mil millones y en el ISSSTE cerca de 180 mil millones. Si concentramos todos esos recursos podríamos caminar hacia un sistema único de cobertura universal”.

Coincide Raúl Molina en la necesidad de seguridad social universal: “Se debe discutir cómo vamos a financiar la salud. Independientemente de que tenga con que, debemos de plantearlo como objetivo. Costa Rica lo hizo hace 15 años, España también lo hizo. Tenemos que replantear las prioridades del país y la revisión de la terapias”.

Lo cierto es que los medicamentos que hoy siguen con patente son simplemente vitales para muchas personas, una carga para el sector salud cuando los tiene y prohibitivos para la población abierta y pareciera no importar a las autoridades.