Corrupción en PEMEX
Dicen los enterados que todos los gobernantes acostumbran tener siempre una dependencia de la cual utilizan recursos para todo tipo de eventualidades. Dicho sea en otras palabras, una o varias cajas chicas para satisfacer esos caprichos que algunas veces imponen los reclamos sociales, o bien para asegurar que la carencia de trabajo en el futuro no sea motivo para enfrentar precariedades. Hasta ahora la Procuraduría General de la República tiene documentados contratos gestionados por los Hermanos Bribiesca en el Instituto Para el Ahorro Bancario y en el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, pero sería en Pémex donde el inconmensurable poder de la ex primera dama les otorgó contratos por alrededor de seis mil quinientos millones de pesos.
La paraestatal se convirtió así en la caja chica del sexenio foxista, pero actualmente siguen ocurriendo irregularidades sin que nadie haga algo por detenerlas. Rosendo Villlarreal Dávila, fue Senador de la República de 1994 a 2000 y Contralor Interno de la Secodam de 2000 a 2003, y desde entonces a la fecha Director Corporativo de Administración de Pémex. Fue mencionado por el ex abogado genera Juan Carlos Soriano como el funcionario que autorizó el por escrito pago de más de mil 724 millones de pesos al sindicato petrolero de forma ilegal, pero no ha sido tocado ni con el pétalo de una investigación.
En contraparte, Muñoz Leos y el señor Soriano fueron inhabilitados por diez años y multados con 862 millones de pesos. Para entender el porqué de la impunidad con la que se conduce el respetabilísimo don Rosendo Villarreal Dávila me permitiré citar algunos episodios de su carrera política. Fue el primer alcalde panista de Saltillo, Coahuila, donde en 1992 hipotecó el Teatro García Carrillo y las viejas instalaciones de Fundidora Zincamex sin autorización del Congreso Local, lo que dio motivo ara que la Contaduría Mayor de Hacienda le fincara un juicio de responsabilidades, pero al llegar a la Presidencia Municipal Manuel López Villarreal, sobrino suyo, el asunto fue zanjado mediante el pago respectivo. Cuando era legislador, Rosendo Villarreal insistió en que se investigaran los procesos de desincorporación de paraestatales durante el salinismo, particularmente de una planta de Pémex en Coatzacoalcos, Veracruz, que fue adquirida por la familia de Rogelio Montemayor Seguy, quien en 1993 le ganara la elección para gobernador. Pero sería el mismo Rosendo Villarreal quien participaría en el carpetazo que se le dio al caso de un contrato irregular en la paraestatal, por lo que paso a relatar los hechos: durante 1999 se reportó a la Dirección de Auditoria la enajenación, como desecho de una planta, de Metil Ter-Buti Eter (MTBE), aditivo que oxigena la gasolina y reduce la emisión de monóxido de carbono, un producto estratégico para la producción de gasolina Magna Sin. Un informe posterior reveló que el contrato fue adjudicado a oOximex, con el propósito de encubriri un fraude de la empresa Productos Ecológicos, S. A. de C. V. (Proesa), propiedad de Héctor René Garza Villarreal, sobrino del actual administrador de Pémex, así como de Andrés Conesa Ruiz, cuñado de Francisco Labastida, y de Alfredo Miguel Afif.
El contrato de la paraestatal con Proesa fue firmado el 13 de abril de 1993 y modificado en 1994 y 1998, y consistía en la compra de MTBE, incluyendo el desarrollo y financiamiento del proyecto, la ingeniería básica, la construcción y la operación de una planta para producir el aditivo. También se acordó que esa inversión se amortizaría a quince años pese, a que la Ley de Adquisiciones solamente permite un plazo máximo de tres años. Desde el principio Proesa incumplió con el acuerdo, pero jamás se le sancionó ni se le rescindió el contrato. Según la minuta de la décimo cuarta reunión del Comité de Dirección de Pémex Petroquímica, el 5 de agosto de 1998 se decidió enajenar la planta, ubicada en el complejo petroquímico Pajaritos, en Veracruz. A través de la licitación pública URA-MP-032/99, la planta se adjudicó a la empresa Oxigenantes de México, S. A. de C. V. (Oximex), cuyos dueños resultaron ser los mismos que los de Proesa.
Así, a pesar de que seguía usufructuando la planta bajo otra razón social, Proesa demandó a Pémex por 417 millones de dólares ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, por incumplimiento del contrato celebrado en 1993. Pémex, dirigido entonces por Rogelio Montemayor Seguy, contrató al despacho Juan Antonio Cedillo y Cía., para el análisis del cao, y éste recomendó una conciliación favorable a la pretensión de Proesa, por lo que se le pagaron 146 millones de dólares. El problema es que Juan Antonio Cedillo fue Secretario de la Contraloría de Coahuila durante la gubernatura de Montemayor y en el momento de realizar el análisis se desempeñaba como asesor en la paraestatal, con lo que violó el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos al prestar un servicio personal a la dependencia que lo tenía contratado. Aquí es donde comienza la importancia de la participación de Rosendo Villarreal…
EL SENTIR DE COAHUILA MARTES, OCTUBRE 09, 2007
RAZONES DE SER
24 de enero de 2005
FRONTERA: EL PAN Y SUS POLÍTICO-EMPRESARIOS
por Conrado García Jamín
Una de las principales críticas que los voceros del Partido Acción Nacional dirigen contra los tricolores, es su proclividad para realizar negocios en el marco de la función pública que detentan.
Independientemente de las versiones que circulan a nivel nacional relativas a la adquisición del Grupo Estrella Blanca, la misma línea camionera que por años fue un verdadero monopolio en nuestra región, pero por parte de los hijos de Martha Sahagún, sin dejar atrás la fastuosa mansión con playa privada en uno de los lugares más caros de México, o sea Acapulco, digna de un sultán.
Pero tampoco nos referimos a los negocios que antaño se han reseñado en ésta publicación y que han sido realizados con pingües ganancias por parte de connotados panistas como Ernesto Saro Boardman, Rosendo Villarreal Dávila -por citar solo algunos del centro del estado-.
Por cierto -solo como anécdota- ya que mencionamos a Rosendo Villarreal, personaje que de ser cuñado del jerarca del Grupo Industrial Saltillo, don Isidro López del Bosque, pasó a ocupar la alcaldía de la ciudad capital y luego siguió ingiriendo de la ubre presupuestal hasta llegar a la Dirección Administrativa de PEMEX, cargo que también estuvo en manos del licenciado Carlos Juaristi Septién.
Pues bien, y sigue la anécdota, de todos es sabido que Villarreal Dávila ha incrustado en la nómina a todos sus familiares. De hecho, solamente le falta incluir al perro o al perico y esto viene al caso porque, independientemente de que su hermano, nueras, sobrinos y demás familiares, recuerdo que en 1992 y 1993, la nuera de Rosendo de apellido Samperio y que se ostenta en un cargo importante, recibió de manos de su suegro la honrosa “concesión” de preparar vender los alimentos para los presos en la Dirección Municipal de Policía Tránsito Municipal, así como para el personal de la corporación.
El negocio estaba localizado en la Plaza España y como el lector podrá deducir, si en su primer cargo público Rosendo benefició a sus parientes, protegió a su compadre Carlos Samperio Mellado de pisar la cárcel por conducta obscena (ver “Un Espía en el Senado”, Conrado García Jamín, Págs. 19-31) y de paso sacó de deudas a muchos sobrinos y ahijados (ídem).
Pero también en los municipios pequeños se cuecen habas. En tiempos del mandato municipal de Cutberto Solís Oyervides, los panistas de Frontera no se quedaron atrás.
Con el pretexto ya muy trillado de “atraer inversionistas” a nuestra región, un grupo de connotados blanquiazules constituyeron una empresa para lanzarse a las grandes ligas de los negocios.
Esos activistas ya veían circular los dólares provenientes de un inversionista gringo a quien le habían vendido la idea de instalar -con todas la facilidades mundo- una planta tratadora de basura, aguas residuales y generadora de energía eléctrica.
¿Quiénes fueron los osados émulos de Bill Gates? ¿Con cuales precandidatos se la están jugando? Juzgue el lector los hechos.
El 26 de agosto de 1998 se constituyó la empresa Planeación y Desarrollo Urbano de Coahuila, S.A. de C.V., teniendo como principales socios al Licenciado Luis Ángel Peralta Rodríguez, quien fungiera como Secretario del Ayuntamiento en uno de los mandatos de Carlos Páez Falcón. Así como Guadalupe Alvarado Dávila (ex candidato a diputado), Alejandro Solís Oyervides (hermano de Cutty, actual diputado local blanquiazul), Jesús Lugo Valero, Arturo Rodríguez Muñoz (ex Secretario del Ayuntamiento con Cutty Solis), Rogelio Mata Hernández, René Martínez Pérez (sobreviviente de varios trienios) y Rogelio Collazo Martínez.
Al momento de constituirse la sociedad, todos eran panistas activos, algunos con cargos públicos y otros dentro Partido.
El Objeto Social de dicha empresa expresa” La construcción de toda clase de plantas industriales, asociaciones, sociedades, franquicias, maquiladoras, etc.”
Centro de Medios Independiente de Madrid
Noticia :: Derechos / Represión
PEMEX ROSENDO VILLARREAL gangster
Autor(a) Ernesto Villegas Fecha de creación 29nov 00:50
Este trabajo pertenece al dominio público
Rosendo Villarreal Dávila es actualmente Director Corporativo de Administración de Petróleos Mexicanos. Lo que no todo el mundo sabe y menos se conoce fuera de México es que es uno de los principales gángsteres de PEMEX.
Rosendo Villarreal Dávila, un gánster de PEMEX
Rosendo Villarreal Dávila es actualmente Director Corporativo de Administración de Petróleos Mexicanos. Lo que no todo el mundo sabe y menos se conoce fuera de México es que es uno de los principales gángsteres de PEMEX. Ningún rubro del crimen organizado queda fuera de su actividad: tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, desvíos corruptos de dinero para el sindicato oficialista (charro) de PEMEX, doble contabilidad, está ligado a un cártel de la droga, investigado por la DEA y otros organismos de inteligencia estadounidense, ahora se dedica al terror contra empleados de PEMEX técnicos y profesionistas que son parte de un sindicato democrático. Primero, su ficha, o curriculum vitae, , que bien podría ser una ficha policial. A continuación lo que la prensa nacional ha reportado de tan “insigne” corrupto para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la CIOSL, la prensa mundial y la opinión pública conozca, denuncie y frene la carrera delictiva de uno de los gánsteres de PEMEX. QUE REPSOL Y EL GOBIERNO ESPAÑOL TOMEN BUENA NOTA DEL COSTO MEDIÁTICO DE ALIARSE CON GANSTERES CORRUPTOS.
Nació en Saltillo, Coahuila en 1942. Es ingeniero Mecánico Administrador
Trayectoria en Petróleos Mexicanos
• Director Corporativo de Administración de Petróleos Mexicanos, a partir del 16 de enero de 2005.
Trayectoria profesional
• Contralor Interno de la Secretaría de la Función Pública.
• Senador de Primera Minoría en las Legislaturas LVI y LVII.
o Secretario de la Comisión de Energéticos.
o Presidente de la Comisión de Comercio.
o Presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal
• Integrante de la Comisión de Comunicaciones, de Transportes y de Ecología y Medio Ambiente
• Integrante del Consejo Consultivo del Centro de Desarrollo Municipal (CEDEMUN), Secretaría de Gobernación.
• Presidente Municipal de Saltillo, Coah.
• También fue director de las empresas ISLO, CINSA, ESVIMEX (Co-inversión GIS-BAYER) y CONFAD (Co-inversión GIS-General Eléctric).
• Director Corporativo de Planeación Estratégica de GIS (Grupo Industrial Saltillo)
Co fundador y directivo de la Fundación México 2000, institución educativa y filantrópica dedicada a la familia, la niñez y la juventud, particularmente a la educación en valores y al combate de las adicciones.
Realizó sus estudios de primaria y secundaria en el “Colegio Ignacio Zaragoza”, en Saltillo, Coahuila.; el bachillerato y sus estudios profesionales los llevó a cabo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, donde se graduó como Ingeniero Mecánico Administrador.
Dentro del campo industrial ha sido director de diversas empresas: ISLO, CINSA y CONFAD, y Director de Planeación del Grupo Industrial Satillo. Es presidente de una empresa agrícola de su propiedad.
En las organizaciones empresariales, fue presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Saltillo, Presidente de la Unión de Organismos Empresariales de Saltillo (UOES) y presidente de la Asociación Nacional de Aparatos Domésticos.
En el campo de la participación ciudadana, ha sido integrante del Consejo de Seguridad del Estado de Coahuila durante el periodo de gobierno del Lic. José de las Fuentes Rodríguez e Integrante del Comité Estatal de Planeación y Desarrollo.
En el medio político es militante del Partido Acción Nacional desde 1990. Presidente Municipal de Saltillo de 1991 a 1993, candidato a la gubernatura del Estado de Coahuila por el PAN en 1993. Es integrante de los Consejos Nacional y Estatal (Coahuila) del PAN. Se ha desempeñado como Senador de la República por Coahuila durante las LVI y LVII Legislaturas.
Integrante del Consejo Consultivo del Centro de Desarrollo Municipal, de la Secretaría de Gobernación.
Exige Congreso de Coahuila se investigue a Rosendo Villarreal
por arturo rodríguez García; 09 Noviembre 2007
* Proceso 1612 documentó un presunto tráfico de influencias en Pemex
Saltillo, Coah., 8 de noviembre (apro).- El Congreso local aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a que inicie una investigación en contra de Rosendo Villarreal Dávila, director corporativo de administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), por su participación en un presunto tráfico de influencias.
El punto de acuerdo presentado por el diputado del Partido del Trabajo (PT), Virgilio Maltos Long, fue aprobado por la mayoría del pleno, previo a un ríspido debate de Maltos con los panistas.
El legislador hizo referencia al reportaje aparecido en el semanario Proceso (número 1612, de fecha 23 de septiembre de 2007), en que se presentaron diferentes expedientes y señalamientos en contra Rosendo Villarreal, entre los que destacaban encubrimientos, asignación de franquicias e irregularidades en auditorías.
En dicho texto, se da cuenta que Alberto Villarreal Berlanga, hijo del panista administrador de Pemex, solicitó un permiso para la construcción de una gasolinera en el municipio de Arteaga, en Coahuila, que por cierto ya está en operación, lo que habría implicado un tráfico de influencias de acuerdo con el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El reportaje documentó que Villarreal Dávila acumula, en su trayectoria política iniciada en 1990, diferentes denuncias y señalamientos, entre otros la puesta en garantía de terrenos ante instituciones financieras justamente cuando fue alcalde de Saltillo.
Y también por el espionaje político practicado desde la alcaldía, según se desprende de dos libros publicados por Conrado García Jamín, quien fuera su director de comunicación social y artífice de La Red, un sistema de intervención de teléfonos, escáneres y otros equipos de inteligencia puestos en marcha durante el primer año de gestión del panista.
El espionaje político fue reconocido por el propio Villarreal Dávila antes de concluir su periodo.
De 2000 a 2003, Villarreal Dávila ocupó la controlaría interna de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), ahora de la Función Pública, donde participó en el carpetazo a diferentes casos de corrupción que involucraban a varios funcionarios panistas, según denunció en su momento el exauditor de Pemex Exploración y Petroquímica para el Golfo, Marco Antonio Díaz Tobías.
En 2006, el exlegislador federal Jesús González Schmal interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), por el uso de personal y equipos de Pemex para espiarlo e investigarlo, al fragor de sus indagatorias sobre los hermanos Bribiesca Sahagún y las amenazas de su madre, Marta Sahagún de Fox, quien le recordó al convergente que “se le iba a acabar el fuero”.
La averiguación previa iniciada por González Schmal aún no tiene resultados.
El escándalo más reciente en que se ha visto implicado Villarreal Dávila fue por su presunta participación en el otorgamiento ilegal de recursos al sindicato petrolero, caso por el que Juan Carlos Soriano, quien fuera abogado general de Pemex, fue inhabilitado por diez años y multado con 862 millones de pesos, al igual que el exdirector de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos.
Sin embargo, en su declaración ante la SFP, Soriano alegó que la autorización del pago de más de mil 724 millones de pesos al sindicato petrolero, el 17 de agosto de 2005, contó con la firma de Villarreal y el aval del consejo de administración de Pemex.
Gasolineras, el negocio
El punto de acuerdo para exigir la investigación fue aprobado por 20 votos –16 de legisladores del Revolucionario Institucional, dos del Partido de la Revolución Democrática, uno del Verde Ecologista y otros del PT, que hizo la propuesta–, contra ocho sufragios de los legisladores panistas.
De acuerdo con el dictamen, el permiso de uso de suelo solicitado por Villarreal Berlanga al ayuntamiento evidencia que se trata de la mayor gasolinera en la región, construida sobre una superficie de 15 mil metros cuadrados. Ahí mismo se fincó una plaza comercial y varias sucursales bancarias.
Las denuncias por la obtención ilegal de la franquicia arrancaron desde principios de año, cuando trascendió la solicitud del permiso en versiones periodísticas locales, pero en favor de Rosendo y David Villarreal Berlanga, mas no de Alberto, a quien no se le conocía trayectoria empresarial y al que se consideraba empleado de sus hermanos.
De acuerdo con la partida 3084, libro 31, sección tercera del Registro Público de la Propiedad en Saltillo, los hermanos Rosendo y David Villarreal constituyeron la empresa de transportes, y Alberto sólo fue designado administrador.
En la actualidad, Transportes Villarreal Berlanga cuenta con más de 50 concesiones federales para transporte de carga (tráileres), que fueron otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cuando Villarreal Dávila fungía como contralor interno de la Secodam, según la lista consultada en la dirección electrónica.
La mención recurrente a los hermanos Rosendo y David excluyó de las indagatorias a Alberto. Inclusive, las solicitudes de transparencia que Apro hizo a Pemex negaron la existencia de tratos con ambos.
Cabe destacar que Rosendo Villarreal también preside el comité de acceso a la información de la paraestatal.
Choque legislativo
Después de la presentación del petista, el Congreso local envió el punto de acuerdo para que se inicie la investigación a la SFP.
Sin embargo, la resistencia de los ocho panistas terminó en un intercambio de insultos y descalificaciones.
Los panistas la emprendieron contra Maltos Long, a quien acusaron de “palero” del tricolor. Entonces salió a relucir que el petista conduce un automóvil Stratus, de modelo reciente, propiedad del Congreso.
En respuesta, el petista tildó a los panistas de “maricones”, en clara referencia a una manifestación de grupos gay que, en enero, instaron a dos diputados panistas “a salir del clóset”, cuando propugnaban por la aprobación del “pacto civil de solidaridad”, que legaliza la unión entre personas de un mismo sexo.
Uno de los aludidos, el diputado José Antonio Jacinto Pacheco, retó a golpes a Maltos Long, y éste reviró que los panistas estaban “ardidos” porque había quedado en evidencia la corrupción de Rosendo Villarreal.
Al concluir la votación, la molestia de los panistas se patentó en su negativa a aprobar las propuestas que hacían las otras fracciones parlamentarias.
OFICIO DE PAPEL
COLUMNA SEMANAL DEL PERIODISTA MIGUEL BADILLO
Lunes 21 de julio de 2008
Negocios de los hijos de Rosendo Villareal
Pero el de Sojo no es el único caso. Qué tan rentable debe ser el negocio de la comercialización de gasolina que Rosendo Villarreal Dávila, director corporativo de Administración de Pemex, también enfrenta un conflicto de interés similar, con la única diferencia más no atenuante que Villarreal Dávila no participa en las reuniones del Consejo de Administración de Pemex. Sin embargo, aunque el gobierno federal se las arregla para evitar sancionar a sus servidores públicos que se enriquecen con contratos gubernamentales, moralmente han sido juzgados por la sociedad que los ha encontrado culpables.
Rosendo Villarreal Berlanga, David Villarreal Berlanga y Gabriela Villarreal Berlanga, hijos del director corporativo de administración de Pemex, son propietarios en un 50 por ciento de las acciones de la compañía Servicios Sierra de Arteaga S.A. de C.V., una compañía localizada en Arteaga, Coahuila. En octubre de 2007, Servicios Sierra de Arteaga S.A. de C.V. alcanzó un acuerdo con Pemex Refinación para operar una franquicia dedicada a la venta de gasolina y otros productos.
Al parecer el caso de Villarreal Dávila puede tener muchas más aristas que la desenfadada declaración de conflicto de interés hecha por Pemex en el caso de Eduardo Sojo.
Como lo ha publicado la revista Contralínea y la reportera Ana Lilia Pérez lo ha documentado en varias investigaciones, Rosendo Villarreal Dávila es el funcionario involucrado en un caso de prevaricato y corrupción en el pago de 241 millones de pesos al ayuntamiento de Coatzacoalcos por concepto de impuestos en el traslado de dominio de las filiales de Cosoleacaque y Pajaritos, de acuerdo con una auditoría del Órgano Interno de Control de Pemex–Petroquímica.
De acuerdo con la investigación de Ana Lilia Pérez, fueron los 12 funcionarios de la Unidad de Auditoría Interna de la SFP en PP que reportaron el prevaricato (cuando un abogado incurre en la simulación de una controversia para engañar a la autoridad y manipula la actuación de las dos partes en conflicto) y por ello fueron acosados por funcionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para archivar el expediente y, como se negaron, el titular del OIC en Pemex–Petroquímica, Felipe Barragán Alvidrez, les pidió la renuncia con el argumento de que “no cubrían” el perfil de la institución.
Los exauditores aseguran que por órdenes de Rosendo Villarreal Dávila, el director de Investigaciones de la SFP, Orlando García Viesca, boletinó a quienes participaron en la fiscalización del proceso que comprobó el prevaricato en el millonario pago.
En agosto de 2003, los auditores al mando de Marco Antonio Díaz, titular de la Unidad de Auditoria, notificaron los resultados de sus investigaciones al secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, al subsecretario Rosendo Villareal y a Felipe Barragán.
En el oficio NI–017/03 dirigido a Barragán Alvidrez, los auditores estiman daño patrimonial del convenio celebrado por personal de la oficina del abogado general de Pemex. Destaca también que se violó la Constitución y la Ley General de Bienes Nacionales derivado de los argumentos que utilizó el abogado César Nava al negociar el pago.
Los exauditores aseguran que antes de que remitieran sus conclusiones sobre el caso, la SFP les ordenó “archivar” el asunto. Así, dicen, fue la SFP la que “enturbió” el caso en lugar de requerir las aclaraciones necesarias o aplicar medidas correctivas.
”Desde el contralor Felipe Barragán, hasta la subsecretaria de Auditoria, María Guadalupe Chequer, y el mismo secretario de la Función Pública, convirtieron el asunto en un proceso potencialmente conflictivo. Había mecanismos legales para desahogar el caso de manera transparente, sin las responsabilidades y el sesgo que le dieron”, señaló uno de los auditores.
Al continuar con la indagatoria, Felipe Barragán junto con otro funcionario del OIC, de nombre Juan Carlos Ramos Garibay –quien además estaba sujeto a un proceso de investigación por la misma Unidad de Auditoria–, contrataron a las pasantes de derecho e informática Ariadna Islas Sarabia y María Isabel Ek Hernández para que fabricaran denuncias contra el auditor responsable de la fiscalización, Marco Antonio Díaz, acusándolo de “acoso sexual”. Con este argumento, Barragán lo despidió.
Ante el ministerio público ambas mujeres reconocieron posteriormente que Ramos Garibay las instó a presentar la denuncia. Finalmente la autoridad determinó falsedad de declaraciones de éstas y exoneró a Marco Antonio Díaz, pero Felipe Barragán ya había logrado sacarlo de la Contraloría y Romero Ramos cerró y clasificó como “confidencial” el expediente.
Los documentos confirmaron que Díaz denunció dichas irregularidades así como la remoción indebida del personal ante Romero Ramos en diversas ocasiones, y pese a que Romero se comprometió a “investigar personalmente el caso”, omitió la indagatoria y también evadió la justicia.
Los exauditores acusan a los exsecretarios Francisco Barrio Terrazas y Eduardo Romero Ramos de su corresponsabilidad al cerrar la auditoría y clasificarla como “confidencial”, en lugar de instruir al área de Responsabilidades a que abriera las investigaciones correspondientes.
El mismo funcionario que despidió a los auditores, Felipe Barragán Alvidrez, exoneró a los abogados tras determinar que “no había elementos” para fincar responsabilidades.
Al paso de los años, los principales protagonistas del supuesto fraude ascendieron como funcionarios públicos: César Nava Vásquez es el secretario privado del presidente Felipe Calderón; el titular de la Unidad Jurídica de PP, Juan Agustín López Huesca, es gerente general de Franquicias de Pemex Refinación, y Rafael Beverido Lomelín, quien avaló el pago irregular, fue ratificado en la Dirección de PPQ.
Ahora, sin más ni más, Pemex reconoce la propiedad de una franquicia por parte de la familia de Rosendo Villarreal Dávila; sin embargo, no hace referencia a la compañía Trasportes Villarreal Berlanga, que también ha recibido contratos de la paraestatal. Además, periodistas locales han documentado una serie de irregularidades en la gestión de Villarreal Dávila en su natal Saltillo, en donde fue alcalde panista de la capital del estado de Coahuila en 1990. De extracción empresarial, antes de llegar a la política trabajó en el Grupo Industrial Saltillo y también fue senador y contralor interno de la Secodam con Francisco Barrio Terrazas.
Hijo de Rosendo Villarreal obtiene contratos en Pemex Refinación
En 2007, Alberto Villarreal Berlanga, hijo de Rosendo Villarreal Dávila, administrador general de Pemex, signó con Pemex Refinación tres contratos para operar una franquicia gasolinera en Coahuila, lo que contraviene la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Hijo de Rosendo Villarreal obtiene contratos en Pemex Refinación
Autor: Ana Lilia Pérez Revista Contralìnea
Sección: Capitales
1 Diciembre 2008
En 2007, Alberto Villarreal Berlanga, hijo de Rosendo Villarreal Dávila, administrador general de Pemex, signó con Pemex Refinación tres contratos para operar una franquicia gasolinera en Coahuila, lo que contraviene la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
El hijo de Rosendo Villarreal Dávila –director corporativo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde 2005–, mantiene negocios con la subsidiaria Pemex Refinación. Se trata de una franquicia gasolinera que desde 2007 explota comercialmente Alberto Villarreal Berlanga en Coahuila, su estado natal.
Ubicado a unos 17 kilómetros de Saltillo, al sureste de Coahuila, Arteaga es un pequeño municipio cuya orografía forma parte de la Sierra Madre Oriental, conocida en esta parte como Sierra de Arteaga. Su flora y fauna abundante, y bordeada de montañas que en los días de invierno se ven cubiertas de nieve, rompen con la hegemonía desértica del resto del estado. De allí que a Arteaga se le conozca como “la Suiza de México”.
Instalada en este municipio, la estación de servicio E09239 es una de las gasolineras que hay en el estado, sólo que ésta tiene una historia particular. Su propietario es Alberto Villarreal Berlanga, hijo de Rosendo Villarreal Dávila, administrador general de Pemex.
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos impide a funcionarios y familiares, hasta en quinto grado, cualquier tipo de negocio con el gobierno federal, y prohíbe a las dependencias, paraestatales y cualquier entidad de gobierno la relación contractual con los funcionarios o sus familiares, en igual grado de descendencia, según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma.
Rosendo Villarreal las conoce al pie de la letra: entre 2000 y 2004 fue contralor general de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Su salto de la SFP a la paraestatal, que estuvo bajo su escrutinio, le significó su primera imputación de conflicto de intereses denunciada por el Legislativo.
El proyecto de los Villarreal, explica una fuente de alto nivel de Pemex que pide el anonimato, “es expandir en los estados del norte un negocio similar al que los Mouriño lograron en el sureste: instalar gasolineras en toda la región y comprar camiones tanque para arrendárselos a Refinación; sobre todo, porque ahora con la reforma energética ya todo el transporte lo harán terceros”.
Actualmente, los hermanos Rosendo, Alberto y Ernesto manejan la empresa Transportes Villarreal Berlanga, SA de CV, domiciliada en la privada Luis Echeverría Álvarez 1990, colonia Jardines del Lago, en Saltillo, Coahuila. La empresa opera tráileres de carga entre México y Estados Unidos, promovida por la asociación Fomento Económico Sureste de Coahuila, y tramita en Pemex contratos de transporte de hidrocarburos.
La misma fuente explica que, incluso, el administrador de Pemex se reunió en distintas ocasiones con Juan Camilo Mouriño para explicarle el plan de negocios de su familia y su intensión de competir en el mercado que controla Salomón Issa Murra, sobrino de Antonio Juan Marcos Issa, exasesor de los entonces directores de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy y Raúl Muñoz Leos, además de contratista de Pemex Refinación en contratos de transporte por barco, con su empresa Arrendadora Ocean Mexicana.
Como administrador general de Pemex, Villarreal Dávila validó los negocios de Juan Marcos Issa, cuya empresa actualmente enfrenta una denuncia penal en la Procuraduría General de la República (PGR), integrada en la averiguación previa 109/UEIDCSPCAJ/2007, iniciada por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, promovida por la Auditoría Superior de la Federación por un sobreprecio en la renta de uno de sus buques.
Todo en familia
Juan Agustín López Huesca y su subordinada Verónica Sada Pérez, a la sazón subgerente de ventas de Pemex Refinación en la Región Norte, son personajes clave en este caso que supone tráfico de influencias y conflicto de intereses del administrador de Pemex. Ambos funcionarios están estrechamente vinculados con Villarreal Dávila.
De acuerdo con investigaciones periodísticas publicadas por Contralínea en 2005, el sexenio pasado, cuando desempeñó como abogado de Pemex Petroquímica, Juan Agustín López Huesca estuvo involucrado en el supuesto prevaricato del entonces abogado general de Pemex, José César Nava Vázquez, y exsecretario particular del presidente Felipe Calderón.
El ilícito, detectado por contralores al mando de Villarreal Dávila, implicó un quebranto para Pemex Petroquímica por más de 300 millones de pesos, los cuales habrían tenido como destino el financiamiento del Túnel Subterráneo de Coatzacoalcos, un proyecto del suegro de César Nava, el panista Emilio Baños Urquijo, accionista de la empresa Grupo Básico Mexicano.
Unas semanas antes de ser designado administrador de Pemex en la SFP, Villarreal dio carpetazo al supuesto prevaricato. Una vez que Villarreal Dávila prácticamente le garantizó la inmunidad, en junio de 2004, Juan Bueno Torio designó a López Huesca como gerente de ventas a estaciones de servicio de Pemex Refinación, es decir, encargado de la relación entre la subsidiaria y los operadores de gasolineras de todo el país.
Entre 2005 y 2007, Villarreal Dávila promovió la contratación de mandos medios en áreas clave de la paraestatal en las cinco subsidiarias. Se trataba de panistas sin experiencia en el ramo petrolero, pero activos en el blanquiazul. Uno de estos casos fue el de la neoleonense Verónica Sada Pérez, a quien Villarreal tuvo como tesorera del Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila.
Con la llegada del PAN a Los Pinos, Sada Pérez fue electa diputada de Acción Nacional en la LVIII Legislatura (2000-2003), periodo en que Calderón Hinojosa coordinaba la bancada de ese partido, y en el cual Juan Camilo Mouriño encabezaba la Comisión de Energía y signaba contratos con Pemex Refinación para Ivancar (Contralínea 98).
Exsecretaria de Promoción de la Mujer del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y actual consejera nacional de su partido –para el periodo 2007-2010–, en 2005 fue colocada como subgerente regional de ventas de Pemex Refinación, subordinada a López Huesca.
Según se desprende del Contrato de Franquicia para Estación de Servicio identificado con el número NCF-1500, cuya copia posee Contralínea, Verónica Sada fue quien signó a nombre de Refinación el contrato con Alberto Villarreal Berlanga.
La empresa
El 8 diciembre de 2006, Alberto Villarreal Berlanga creó la compañía Servicio Sierra de Arteaga, SA de CV, según la escritura pública 105 expedida por el notario público 26 de Saltillo, Luis N. Dávila Flores. El 25 de enero de 2007 fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Saltillo, bajo el folio mercantil electrónico número 27951*2; al día siguiente se modificaron sus estatutos sociales, según se desprende de la escritura pública 4 otorgada por el notario Dávila Flores, inscrita en el Registro Público de la Propiedad el 6 de febrero.
El Consejo de Administración de Servicio Sierra de Arteaga lo integran Alberto Villarreal Berlanga, en su calidad de presidente, y Gustavo Alfonso Dávila Salinas, como vicepresidente.
El 15 de marzo de 2007, tres meses después de crear la empresa, Villarreal Berlanga tramitó su incorporación como franquicitario de Pemex Refinación para la estación de servicio E09239; pagó 312 mil 150 pesos. Su vigencia es de 15 años, es decir, hasta el 2022, plazo prorrogable por periodos de cinco años.
La gasolinera de la familia Villarreal se ubica en el kilómetro 8 del bulevar Fundadores, en la colonia El Llano. En extensión de 17 mil 716.68 metros cuadrados se distribuyen seis dispensarios de gasolina. Se trata de la estación más grande de la región. Para la explotación comercial de la franquicia de Pemex, en noviembre de 2007, Villarreal Berlanga signó con la paraestatal tres contratos: un Contrato de Franquicia para Estación de Servicio, un Contrato de Suministro y un Contrato de Crédito. Los tres se formalizaron el 9 de noviembre en Monterrey, Nuevo León.
El contrato identificado con el número NCF-1500 fue formalizado por los funcionarios Verónica Sada Pérez y Guillermo Pérez de León Aguilar, subgerente de Servicios Jurídicos Región Norte, adscrito a la Oficina del Abogado General que encabeza Néstor García Reza. Por la contratista: Alberto Villarreal Berlanga y Gustavo Alfonso Dávila Salinas. Le permite el uso de las marcas, nombres comerciales de Pemex, sus diseños, logotipos e imagen institucional, a través de la operación de la Franquicia Pemex.
Más dádivas
Pemex Refinación otorgó a Servicio Sierra de Arteaga la categoría “tres estrellas”, que significa que recibirá el margen de utilidad más alto que maneja Pemex para sus franquicitarios, según se asienta en el documento. Pero además, los funcionarios le otorgaron un crédito a cuenta corriente sin intereses moratorios ni accesorios de ninguna naturaleza. Ello se asienta en el documento contractual SVRN-608-9239, fechado el 14 de noviembre. Éste indica que el crédito es para financiar a Villarreal Berlanga el precio por la compra de los productos petrolíferos de suministro, además de “el precio de los servicios que le proporcione Pemex Refinación”, el importe de las notas de débito, las facturas por el suministro con plazos de siete a nueve días.
Según el documento, el crédito otorgado a Alberto Villarreal contempla financiar: servicio de lanchas, derecho de piso, almacenaje, flete terrestre, carga y descarga, renta de planta, sistema contraincendio, mantenimiento a instalaciones, programas y equipo de seguridad industrial, calibración de autotanques, posiciones de carga, incorporación de franquicia, adhesión de franquicia, mantenimiento de la franquicia, limpieza de derrames, venta de chatarra y renta de estaciones de servicio.
Contempla también la participación por la autorización de publicidad, mobiliario, equipo de oficina y hasta la sanción del 20 por ciento, que Pemex debe aplicarle al franquicitario que realice un depósito con cheques que no puedan ser cobrados, entre otros rubros, según la normatividad.
Las cláusulas establecen que el personal designado para supervisar el cumplimiento crediticio es “un funcionario” adscrito a la gerencia de ventas regional, es decir, subordinado de Verónica Sada, lo que significa que será un trabajador al mando de la funcionaria que Rosendo Villarreal colocó en el cargo para revisar el cumplimiento crediticio de su hijo Alberto Villarreal.
El documento crediticio lo firmaron Sada Pérez y Pérez de León Aguilar, por Pemex; Villarreal Berlanga y Dávila Salinas, por la empresa; y como testigos José Ovidio Villarreal Flores, de Pemex, y Carlos Díaz Cruz, por Servicio Sierra de Arteaga.
Beneficiario de programas sociales
Además de obtener el contrato de franquicia en la paraestatal que administra su papá, Alberto Villarreal Berlanga ha obtenido otros beneficios de programas sociales del gobierno de Felipe Calderón. El 31 de octubre de 2008 recibió 10 mil 135 litros de diésel, dentro del programa Tiempo Fértil, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Villarreal Berlanga está empadronado con el número 302690098.
Contralínea solicitó una entrevista con el director de Pemex Refinación, José Antonio Ceballos Soberanis, para conocer por qué se admitió a Alberto Villarreal Berlanga como franquicitario de Pemex pese a los impedimentos legales. Se buscó también a Rosendo Villarreal Dávila y a su hijo Alberto, presidente del Consejo de Administración. Hasta el cierre de esta edición ninguno de ellos accedió responder.
La supuesta impunidad de Villarreal
Ingeniero mecánico administrador, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, su desempeño profesional inició en el Grupo Industrial Saltillo, propiedad de su cuñado Isidro López del Bosque. Luego fue designado alcalde de Saltillo por el PAN –el primero que el albiazul tuvo en la capital coahuilense– predecesor de Mario Eulalio Gutiérrez Talamás.
En este periodo, fue acusado de espionaje político contra funcionarios públicos y adversarios políticos, con sofisticados equipos que adquirió con recursos del ayuntamiento, según reveló el periodista Conrado García Jamín, quien fuera su director de comunicación social.
En los libros Espías al rescate de Saltillo y Un espía en el Senado, García Jamín documentó, además del espionaje del que se valió Villarreal Dávila, el cobro ilegal del impuesto predial y la represión a grupos marginados, que sin notificar al Legislativo local, Villarreal hipotecó el teatro García Carrillo y las instalaciones de la fundidora Zincamex, lo que le valió que en 1996 la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados de Coahuila emitiera la resolución administrativa 005/96.
Pese a que el Legislativo comprobó el ilícito, no se ejerció acción penal alguna. Tres años después, su sobrino Manuel López Villarreal llegó como alcalde y dio carpetazo al tema. Al cabo del tiempo, quedó al descubierto que el expresidente municipal también dejó un faltante de 300 millones de pesos.
Como funcionario de Pemex, Villarreal autorizó los 1 mil 724 millones de pesos que, de forma irregular, la paraestatal trasladó al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, ilícito por el cual fueron inhabilitados por 10 años Raúl Muñoz Leos y el exabogado general de la empresa, Juan Carlos Soriano. A Rosendo ni siquiera se le abrió investigación alguna, aún cuando en sus declaraciones en torno a este caso, ante autoridades judiciales de la PGR, Soriano declaró que Villarreal Dávila avaló la operación.
Posted: Diciembre 6th, 2008 under Corrupción.
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