Para conmemorar el 99 aniversario de la “Revolución Mexicana” propongo hacer el análisis sobre aquel juramento que realizan -antes de tomar posesión de un cargo público- todos aquellos que se comprometen a guardar y hacer guardar la constitución y las leyes que de ella emanen, so pena de que “la nación se los demande”. Efectivamente, el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a que “todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen” (fin de cita textual). Vale la pena destacar, como nos explicó en alguna ocasión la Dra. Mireille Roccatti, que “protestar” equivale a decir que “uno pone por encima de su cabeza” su compromiso personal, moral y ético de realizar la función pública para la cual se alquila y por lo cual se compromete a realizar su máximo esfuerzo para entregar buenas cuentas a la ciudadanía, a sus electores o a sus correligionarios.

Más que un juramento laico, “protestar” equivale a prometer y comprometerse a trabajar no sólo leal y patrióticamente sino, además, cumplir y hacer que se cumpla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, trátese de un encargo público federal, de los estados o los municipios. El fondo del asunto es que todo funcionario público, sin excepción alguna, desempeñe sus actividades gubernamentales haciendo prevalecer ante todo y, por sobre todo, el “imperio de la ley” y no el imperio de la fuerza, de la anarquía o la ley de la selva.

Además de la disposición genérica del artículo 128 de la constitución federal el presidente de la república, al rendir protesta, lo hace bajo los términos que establece el artículo 87 constitucional: “protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande.”

En una lógica semejante está la previsión legal contenida en el artículo 120 constitucional, el cual, dispone clara y llanamente que “los Gobernadores de los Estados están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales. Asimismo, debemos considerar las disposiciones sobre la materia contenidas en las constituciones políticas de las entidades federativas para los estados y los municipios y la parte relativa al Distrito Federal.

Si es la nación la que puede o debe demandar a un mal servidor público que no cumple, o no hace cumplir los diversos entramados legales que rigen al país, entonces, ¿Quién o quiénes deben demandar al incumplidor del mandato? Al respecto, vale la pena destacar que según diversos especialistas el concepto de nación proviene del latín “nascere” que quiere decir “nacer”, aludiendo al lugar del nacimiento. Sin embargo, aunque muchas veces se emplea el concepto de nación como sinónimo de “País” o “Estado”, conviene hacer una diferenciación más precisa. Nación es un concepto sociológico caracterizado como el sentimiento de patria. Alguien pertenece a una nación cuando se encuentra ligado a otras personas que la conforman por vínculos culturales (lengua, religión, costumbres y una historia común, entre otras). Por ello, podemos convenir que el pueblo, la ciudadanía, los contribuyentes, somos los indicados, quiénes tenemos el derecho, para demandar el cumplimiento de las leyes a los malos gobernantes, a quien se trate, del partido político que sea.

Por todo lo anterior es que los ciudadanos nos estamos organizando para preparar sendos comunicados a todos los niveles de gobierno para que en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la constitución federal los gobernadores de los estados nos informen a todos los ciudadanos los términos, condiciones, plazos y montos por los cuales han contraído directa o indirectamente obligaciones o empréstitos y, en todo caso, para que inversiones públicas productivas se han utilizado. Vamos a demandar que nos digan cuáles han sido los beneficios de esas obras o, peor, porqué no hay obra pública y existe deuda pública, como sabemos ocurre en varias entidades federativas y municipios del país.

Vamos a demandar nos digan que han hecho para combatir el alcoholismo, la drogadicción y para trascender al crónico desempleo que azota a la nación, al pueblo. Todo será cuestión de redactar, escribir las cartas, entregarlas a los destinatarios y en términos del artículo 8 de la constitución federal recibir su respuesta, que haya transparencia y auténtica rendición de cuentas. ¿Y usted, cómo la ve? Politólogo. Miembro del Consejo Nacional de Operación de Parlamento Ciudadano de México.